Las sucesivas noticias sobre la alta discrecionalidad con la que se manejan los recursos públicos en distintas instituciones han generado una ola importante de indignación ciudadana. Convertir esta indignación en una fuerza propositiva para que las cosas cambien es uno de los retos de la sociedad civil y de las organizaciones sociales.
Por Mercedes Argaña, especialista en servicio civil
En este sentido, se debe trascender el escándalo coyuntural y reclamar cómo queremos que funcionen. Más allá de las declaraciones de buena voluntad se deben tomar medidas de fondo que le den sentido y concreción a la gestión de la ética pública. La instalación de una cultura y una práctica institucional que valora y funciona en base a los principios de la integridad pública requiere que éstos se concreten en mecanismos institucionales que le den vida. ¿Cómo se logra esto?
Para
responder la pregunta es conveniente recurrir al concepto de “infraestructura
ética”. Este término fue acuñado
por la OCDE (2010) para definir de manera integral los componentes (y sus
interacciones) de un ambiente que promueve la ética y la integridad en las
instituciones públicas. La integridad pública se refiere a la alineación
consistente con, y en cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos
compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima
de los intereses privados, en el sector público.
La premisa básica que
orienta este enfoque integral es que la administración de la ética pública, y
toda política anticorrupción, incluyen la coordinación, implementación y
evaluación de diversas medidas que sean consistentes entre sí y que consideren
las particularidades del ambiente en el que se produce el servicio público.
Por lo tanto, el papel de
la conducción de una institución en la promoción de integridad y prevención de
conducta indebida incluye: (a) la orientación adecuada de la conducta del
funcionariado; (b) proveer condiciones dignas de empleo público y (c) el controlar
y monitorear sistemáticamente que lo que se prescribió se cumpla. Además de desarrollar un sistema
coherente y global en materia de integridad pública (OCDE, 2017). Ver Figura 1.
En la orientación de la
conducta del funcionariado la dimensión ética cobra particular importancia para
fortalecer la noción de servicio público.
Servidores públicos y servidoras públicas cuyo desempeño respondan, sobre todo,
a dos parámetros: (1) la adopción de la probidad como parámetro moral, por un
lado, y (2) la búsqueda constante del mejoramiento del desempeño y de la
calidad de la atención a los ciudadanos y ciudadanas, por otro lado (CLAD,
2010).
En este sentido, la dimensión ética es una parte decisiva para la calidad institucional, cuestión no menor porque sólo los servicios de calidad generan percepción de valor de parte de la sociedad, y sólo ésta percepción positiva genera legitimidad institucional.
Figura 1: Componentes del Sistema de Integridad Pública
Referencias
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos – OCDE (2000). Confianza en el gobierno. Medidas para fortalecer el
marco ético en los países de la OCDE. México.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE (2017). Estrategia para la Integridad Pública. Recomendación de la OCDE https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435 / https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD (2010) Gestión Pública Iberoamericana para el Siglo XXI.
Martes, 21 de agosto del 2018
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