Sin lineas de defensa estamos a la merced de la corrupción

Se informa que, de 410 instituciones de la administración pública evaluadas, 280 cuentan con una calificación “ineficiente” en sus Sistemas de Controles Internos (SCI) y que, en general, las entidades públicas tienen una implementación de sus auditorías internas en un grado “muy bajo” o de “poca implementación”. En particular se refiere que 280 instituciones cuentan con calificación “ineficiente” (cero); 76 poseen calificación “inicial” (uno); 50 con calificación “diseñado” (dos); y cuatro con calificación “gestionado” (tres).

Mucho hay que decir sobre los resultados de este informe. Al respecto, en el recientemente presentado Manual sobre Integridad Pública de la OCDE y otros tantos documentos referenciales, se señala con claridad que las políticas y los procesos eficaces de control interno y gestión de riesgos reducen la vulnerabilidad al fraude y a la corrupción de las organizaciones del sector público y aseguran que las instituciones gestionen bien sus recursos para ofrecer servicios que benefician a la ciudadanía.

Se indica que el control interno y la gestión de riesgos abarcan una serie de medidas para prevenir, detectar y responder al fraude y la corrupción y se presenta como estrategia primordial la aplicación del modelo de las Tres Líneas de Defensa. El control de la gerencia es la primera línea de defensa en la gestión de riesgos; las varias funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento establecidas por la administración son la segunda línea de defensa; y la auditoría interna es la tercera. 

Según los datos que presenta la CGR estamos sin líneas de defensa (o con las defensas muy bajas) para proteger los intereses institucionales y ciudadanos. Esto es muy grave porque reducir la oportunidad de que los actos corruptos puedan concretarse es una responsabilidad institucional indeclinable. 

Si bien hoy ya no se duda sobre la importancia de desarrollar sistemas de integridad institucional que tienen en el control interno una de las vallas importantes contra la corrupción, ya desde la década de los cuarenta, con la teoría del “triángulo del fraude” desarrollada por el sociólogo D. Cressey, se sabe que hay tres factores que hacen que una persona llegue a cometer fraude en contextos laborales. Estos componentes son la Oportunidad que se identifica para cometer el ilícito, la Motivación que pudiera tener la persona (ambición, necesidades) y la Racionalización o Justificación que podría alegar ante la situación (otras personas lo hacen, lo haré sólo una vez, nadie se dará cuenta, etc.). De estos tres elementos, reducir la oportunidad es una de las tareas esenciales de los responsables institucionales, además de cultivar una cultura de ética pública que inhiba las malas intenciones. 

Desconocer lo que años de estudio sobre los riesgos de corrupción pública indican como medidas preventivas prioritarias es negligencia. Las autoridades deben recibir este informe con el grado de alerta que trae consigo y la ciudadanía debe entender que si no se mejora radicalmente esta situación estamos sin componentes esenciales del sistema inmunológico institucional necesarios para combatir los riesgos de corrupción.

Por Mercedes Argaña.